El 29 de octubre de 2024, mientras el sur de Valencia se hundía bajo el peso de la dana, Maribel Vilaplana y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, compartían una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia. Lo que parecía un encuentro casual entre una periodista y un político, resultó ser el último capítulo de una oferta que ella ya había rechazado dos semanas antes: dirigir À Punt, el canal público valenciano. La coincidencia no es casual: mientras el agua arrasaba pueblos, ellos hablaban de puestos, contratos y lenguas. Y eso, hoy, se convierte en una pregunta incómoda: ¿qué estaba pasando realmente en esa mesa mientras el país se desmoronaba?
Una oferta rechazada antes de la catástrofe
Según fuentes cercanas a Vilaplana, Mazón le propuso por primera vez dirigir À Punt el 15 de octubre de 2024, apenas dos semanas antes de la dana. Ella lo rechazó de inmediato. No fue un no educado. Fue un no contundente. Le dijo que le “enervaba” que el valenciano se usara cada vez menos en la televisión autonómica. Ese fue su argumento. No el de la carga política, ni la presión mediática. El de la lengua. De la identidad. Y eso, en una comunidad donde el uso del valenciano es un tema profundamente político, no es un detalle menor.Lo curioso es que, cuando declaró en el juzgado de Catarroja el 3 de noviembre de 2025, Vilaplana no mencionó explícitamente que le ofrecieron la dirección. Habló de un “lugar de responsabilidad”. ¿Por qué? ¿Por prudencia legal? ¿O porque la oferta no fue tan clara como parece? Las fuentes de su entorno insisten: fue una propuesta directa, formal, y ella la rechazó. Pero en el juzgado, la precisión se volvió una armadura. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho.
La comida en El Ventorro: un escenario de sombras
La comida duró casi tres horas: de las 15:00 a las 17:45. Según su testimonio, consumieron productos de temporada, una botella de vino, y no hubo copas después. Vilaplana intentó pagar su parte. Mazón le dijo: “No se preocupase”. Nadie trajo un datáfono. Nadie cobró. Y en un reservado del piso superior, el dueño del restaurante subió un sobre. Mazón lo abrió, leyó, firmó. Ella dice que no sabía qué era. No lo preguntó. ¿Por qué? ¿Por confianza? ¿O por miedo a saber?El escenario es casi cinematográfico: un presidente en su traje, se quita la americana, se pone un suéter. Lleva una mochila. No se sabe si es la misma que usaba al llegar al Palau o al Cecopi. La imagen es humana. Pero el contexto es inhumano. Mientras ellos comían, el río Turia se desbordaba en Alzira, los coches se hundían en Sueca, y familias enteras perdían todo. Las llamadas de emergencia se acumulaban. Y en ese mismo momento, el presidente estaba en una mesa, firmando un sobre que nadie vio.
Las llamadas que no aparecen y las que sí
Los listados telefónicos entregados por Mazón y la exconsellera Salomé Pradas revelan una desconexión alarmante. A las 16:29, Pradas intentó llamar a Mazón. Él no respondió. La llamada no aparece en el listado oficial entregado a las Cortes. Solo a las 17:37, mientras aún estaban en El Ventorro, Mazón atendió. Duró dos minutos. En ese mismo intervalo, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, llamó a las 18:28. Y a pesar de que Pradas intentó contactar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en múltiples ocasiones, no hay rastro de esas llamadas en el historial de Mazón. ¿Por qué? ¿Olvido? ¿Borrado? ¿O simplemente no se grabaron?La jueza del juzgado de Catarroja, en su auto del 12 de mayo de 2025, rechazó citar a Vilaplana como testigo porque la solicitud “estaría relacionada con la localización del presidente”. Pero el 10 de noviembre de 2025, ella reveló que Mazón le llamó a las 4:00 de la madrugada del 30 de octubre. Le pidió disculpas. Le dijo que tenía “mucha presión”. Le pidió que no hablara. Y que borrara su contacto de WhatsApp. Ella lo hizo. En pánico. Sin dudar. ¿Era miedo? ¿O era comprensión?
Extorsión mediática y el peso de las redes
Vilaplana no solo denunció una presión institucional. Habló de extorsión. “Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón a las 18 horas y que si no hablaba… lo iban a publicar”. No nombró a nadie. No dio nombres. Pero su tono era claro: alguien tenía material. Y alguien estaba dispuesto a usarlo. ¿Qué era esa imagen? ¿Una salida del restaurante? ¿Un abrazo? ¿Una mirada? Nadie lo sabe. Pero el daño ya estaba hecho. En febrero de 2025, ella confesó en un programa de cocina que las redes sociales le habían “hecho mucho daño”. Siete meses después de la dana, aún no había recuperado el aliento.Y sin embargo, el 7 de noviembre de 2025, la jueza rechazó abrir una pieza por falso testimonio contra ella. No hay pruebas de que mintiera. Solo hay contradicciones entre lo que dijo en público, en el juzgado y en su entorno. Y eso, en una causa de esta magnitud, es más que suficiente para generar dudas. Pero no para condenar.
¿Qué sigue? El silencio de los alcaldes
Las piezas que faltan no están en los teléfonos de Mazón. Están en las declaraciones de los alcaldes. Jordi Mayor, de Cullera, y Ricardo Gabaldón, de Utiel. Ambos fueron contactados por Pradas durante la emergencia. Pero solo uno aparece en los registros de Mazón. ¿Por qué no se comunicó con Gabaldón? ¿Por qué no se registró esa llamada? ¿O por qué no se incluyó en el informe oficial?El caso no se cierra con Vilaplana. Se abre con ellos. Y mientras el tiempo avanza, las víctimas esperan. No por justicia. Por respuestas. Por saber si el presidente estuvo en su puesto cuando más se necesitaba. O si, en vez de eso, estaba en una mesa, firmando un sobre, mientras el agua se llevaba vidas.
Frequently Asked Questions
¿Por qué se rechazó la oferta de dirigir À Punt antes de la dana?
Maribel Vilaplana rechazó la oferta porque consideraba que À Punt había dejado de usar el valenciano con la frecuencia y dignidad que merecía. Su crítica no era política, sino lingüística y cultural: veía en el canal una oportunidad perdida para fortalecer la identidad valenciana. Esa fue su razón principal, y la mantuvo coherente incluso tras la comida con Mazón, lo que refuerza que su negativa no fue una estrategia, sino una convicción.
¿Qué contiene el sobre que Mazón firmó en El Ventorro?
El contenido del sobre nunca se ha revelado. Vilaplana afirmó no saber qué era, y Mazón no lo ha comentado públicamente. Las fuentes judiciales no lo han confirmado, pero su existencia —y el hecho de que se firmara en plena emergencia— ha generado sospechas de que podría tratarse de un contrato, una donación o un acuerdo de intereses. La ausencia de transparencia sobre este documento es uno de los puntos más críticos de la investigación.
¿Por qué no aparece la llamada de las 16:29 en los registros oficiales de Mazón?
La llamada de Salomé Pradas a Mazón a las 16:29 del 29 de octubre no figura en el listado entregado por la Generalitat a las Cortes, aunque sí aparece en el historial de Pradas. Esto contradice la norma de registro obligatorio en emergencias. La jueza no ha determinado si fue un error técnico, un borrado intencional o una omisión deliberada, pero la inconsistencia ha sido señalada como una anomalía grave en el proceso judicial.
¿Fue Vilaplana víctima de presión mediática?
Sí, según su testimonio. Denunció que algunos medios la amenazaron con publicar imágenes suyas saliendo de la casa de Mazón, sugiriendo una relación inapropiada si no colaboraba con su versión de los hechos. Aunque no identificó a los medios, su declaración fue corroborada por su entorno cercano, que describe una campaña de descredito coordinada tras su declaración judicial. La jueza no abrió una causa por esto, pero el fenómeno refleja el clima de hostilidad que rodeó su testimonio.
¿Qué implicaciones tiene este caso para À Punt y la política valenciana?
El caso ha puesto en entredicho la independencia de À Punt, cuya dirección ha sido históricamente un puesto político. Si se confirma que Mazón ofreció el cargo a Vilaplana en plena emergencia, se refuerza la percepción de que los puestos públicos se usan como recompensa política, incluso en momentos críticos. Esto erosionaría la confianza en la televisión pública y alimentaría el escepticismo sobre la gestión de la Generalitat en crisis.
¿Cuál es el estado actual de la investigación?
La investigación sigue abierta, centrada en las comunicaciones de Mazón y Pradas durante la dana, y en la posible omisión de llamadas clave. Los alcaldes de Cullera y Utiel aún no han sido citados como testigos principales, pese a que sus declaraciones podrían esclarecer si hubo negligencia en la respuesta. La jueza no ha cerrado ninguna pieza, pero tampoco ha avanzado en acusaciones formales. El caso sigue en espera de nuevos testimonios y análisis forenses de los dispositivos móviles.